287(g) sigue en vigencia y afecta a muchos indocumentados

Un reporte publicado por el Consejo Nacional de la Raza (NCLR) alerta sobre un programa federal que permite a los policías locales actuar como agentes migratorios. Esta medida conocida como 287(g), y creada desde 1996, sigue en vigencia actualmente en más de 71 jurisdicciones policiales.

A través de este reporte denominado "El impacto de la sección 287 (g) de la ley de inmigración, en la comunidad latina" la NCLR denuncia que esta medida viene a deteriorar las relaciones presentes entre la comunidad latina y la policía, afectando obviamente la seguridad pública. Elena Lacayo, autora de este informe asegura que "muchos hispanos que viven en zonas donde se ha impuesto el programa ya no reportan crímenes o cooperan con la policía, por miedo a ser deportados".
Aunque originalmente esta medida tenia como objetivo principal arrestar y expulsar a inmigrantes indocumentados que cometieran crímenes graves, el programa ha provocado la deportación de inmigrantes que no poseen antecedentes penales, e incluso el arresto de personas que no han cometido ningún tipo delito mayor, como por ejemplo se han visto casos en que alguien ha sido detenido por tener música a alto volumen en su auto.

Para Eric Rodríguez, vicepresidente de la Oficina de NCLR de Investigación, Promoción y Legislación, la 287(g) al igual que la SB 1070, son políticas mal concebidas y mal aplicadas que se llevan de forma ineficaz.

Una encuesta realizada por la NCLR en colaboración con la Coalición de Derechos de los Inmigrantes de Tennesse en el condado de Davidson, encontró que el 42% de los encuestados hispanos tenían conocimientos de crímenes que no habían sido reportados por temor a la deportación. Igualmente, el 54% de los encuestados afirmaron que no denunciarían un delito o crimen por miedo a ser deportados.

Esta encuesta pone en evidencia clara la necesidad urgente de reformar el sistema, mediante medidas inteligentes que trabajen de manera proactiva entre las comunidades locales y los policías, de modo que las leyes protejan a las víctimas y testigos de delitos. concluye la NCLR.